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Procuraduría consigna recurso de interpretación de la Constitución en el TSJ

Caracas, 11 de febrero de 2015. Prensa PGR - El viceprocurador General de la República, Reinaldo Muñoz, entregó este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de interpretación de los artículos 1, 5 y 322 de la Constitución Nacional, en rechazo a las medidas unilaterales adoptadas en diciembre pasado por Estados Unidos contra Venezuela, con las cuales se pretende sancionar por la supuesta violación de Derechos Humanos a quienes contribuyeron a frenar los actos vandálicos y terroristas registrados en el primer semestre de 2014.

“Estamos aquí solicitando que el TSJ  se pronuncie lo más pronto posible acerca de cómo debe actuar el Estado venezolano ante esta ley, pues la misma pudiera afectar la imagen del país tanto aquí como en el exterior”, dijo Muñoz durante la consignación del documento en la Sala Constitucional del TSJ.

Las sanciones, fijadas a través de la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, contemplan el bloqueo y prohibición de todas las transacciones que afectan todos los bienes e intereses en propiedad de los funcionarios venezolanos sancionados, así como la revocación de la visa u otro documento.

Para el Viceprocurador, esta ley fue creada con el objetivo de socavar la soberanía, independencia y libertad de Venezuela.

“Esta ley fue creada con dos finalidades: una finalidad formal, que da cara a una supuesta legitimidad,  institucionalidad, una supuesta o pretendida protección de Derechos Humanos; y una real, que es un ataque político, una intromisión en asuntos internos de Venezuela”, señaló.

Muñoz explicó que esta ley, a pesar de que  no tiene jurisdicción en Venezuela, pudiera calar en la opinión pública, y en consecuencia afectar la imagen de la Nación.

"Por eso estamos solicitando la interpretación de estos artículos. Si ustedes revisan con atención, esta ley no tiene fundamento de facto real. La ley se basa en una cantidad de argumentos inexistentes en donde citan, incluso, a medios de comunicación y organizaciones que no tienen carácter público”, explicó.

Aseguró que actualmente la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela no representa “una amenaza grave”, pero sí un ataque político.

“Esto es un ataque sistémico. El primero fue la creación de la ley, luego la difusión y ahora las opiniones que se han generado en torno a ésta. El resultado es todo un sistema que al final es un ataque político, una intromisión política”, agregó.

El gobierno de Estados Unidos ha arreciado los ataques en contra de Venezuela con la ejecución de acciones como las medidas unilaterales adoptadas a mediados de diciembre pasado, con las que se pretende sancionar al pueblo venezolano y se respaldan los actos vandálicos y terroristas de la extrema derecha en 2014, en los que fueron asesinados 43 venezolanos.

Los ataques de Estados Unidos aumentaron el pasado 2 de febrero, con el anuncio de nuevas sanciones, y prosiguieron el 8 de este mes, cuando el general Vincent Stewart, director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Defensa en EE.UU., anticipó, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara norteamericana de Representantes, que Venezuela enfrentará "protestas masivas" en los meses previos a las elecciones legislativas programadas para este año.

 

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