PGR demandará acciones inconstitucionales de la AN a fin de proteger el Estado y la Nación

 

Caracas, 2 de noviembre de 2016 (Prensa PGR) La Procuraduría General de la República (PGR) demandará, ante las instituciones correspondientes, a la Asamblea Nacional (AN) por su pretensión inconstitucional de citar al presidente de la República, Nicolás Maduro, a comparecer ante su plenaria en el marco de un supuesto juicio político.

 

Así lo informó este martes la PGR mediante un comunicado en el que expone los argumentos constitucionales y legales para dar inicio a dicha acción, que tiene como fin garantizar la protección integral del Estado y la Nación.  

 

Igualmente destaca que la “figura de juicio político no existe en el ordenamiento jurídico venezolano” y que las acciones del parlamento nacional son nulas debido a el “desacato contumaz a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que sostiene dicho órgano legislativo”.

 

A continuación el texto íntegro:

Comunicado de la Procuraduría General de la República sobre pretensión inconstitucional de la Asamblea Nacional de citar al Presidente de la República a comparecer ante su plenaria, en el marco de un supuesto juicio político.

Respecto a la pretensión de la Asamblea Nacional de Citar al Presidente de al República, Nicolás Maduro, a comparecer ante su plenaria, en el marco de un supuesto juicio político, la Procuraduría General de la República comunica al país lo siguiente:

PRIMERO.- Todas las acciones de la Asamblea Nacional son nulas debido al desacato contumaz a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que sostiene dicho órgano legislativo. Por lo tanto la convocatoria que realizó la Junta Directiva de la Asamblea Nacional al Presidente de la República a comparecer ante la plenaria, no tiene validez jurídica alguna.

SEGUNDO.- Resulta importante destacar que la Asamblea Nacional no tiene competencia para convocar al Presidente de la República a comparecer ante su plenaria, ni ante sus comisiones y mucho menos basándose en una figura de juicio político que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano.

Esta Procuraduría General de la República sustenta esta afirmación en los siguientes argumentos constitucionales y legales:

1.- La Constitución en su artículo 222 establece que la Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control político a través de interpelaciones, entre otros mecanismos, pudiendo declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos, debiendo solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva la responsabilidad.

2.- La Ley que define a los funcionarios públicos es al del Estatuto de la Función Pública, la cual establece en su artículo 19 que los funcionarios públicos serán de carrera o de libre nombramiento o remoción. Asimismo, en su artículo 20 establece que los funcionarios de alto nivel serán el Vicepresidente Ejecutivo, los Ministros o Ministras, entre otros, no incluyendo en ningún caso al Presidente de la República.

3.- Evidentemente el Presidente de la República no es funcionario público de carrera, ni de libre nombramiento y remoción, ni es funcionario de alto nivel. El Presidente de la República ejerce un cargo de elección popular y le corresponde dirigir la Administración Pública en su condición de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.

4.- La ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional y el Estatuto de la Función Pública, no incluye dentro de su articulado que el presidente de la República pueda ser objeto de este mecanismo de control político. Asimismo, el Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en su artículo 115, en correspondencia con la Carta Magna, establece las pautas de la comparecencia de los altos funcionarios públicos, señalando expresamente al Vicepresidente Ejecutivos y a los Ministros, excluyéndose al Presidente como objeto de posibles comparecencias.

5.- Asimismo, la Constitución Nacional en su artículo 187 Ordinal 10, no atribuye competencias a la Asamblea Nacional, para la aplicación de un voto de censura al Presidente de la República, sino que lo restringe a la figura del Vicepresidente Ejecutivo y los Ministros o Ministras.

La Asamblea Nacional temerariamente pretende hacer fraude al derecho y a la Constitución, cuando intenta aplicar una figura de juicio jurídico al Presidente de la República que no existe en la Constitución ni en el resto del ordenamiento jurídico venezolano, con la clara intención de consumar un Golpe de Estado.

Como es sabido, el cargo de Presidente de la República está investido de las atribuciones como Jefe de Estado; Administración de la Hacienda Pública Nacional; Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jefe de Gobierno; y además dirige la Política Exterior del Estado y preside el Consejo de Defensa de la Nación; por ende, el ejercicio de tan vitales competencias no pueden ser sometidas a los vaivenes de la diatriba propia de las fuerzas políticas que pugnan circunstancialmente en la sociedad y el Parlamento.

Por último, la Procuraduría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y hasta sus últimas competencias, activará una demanda contra la Asamblea Nacional ante las instancias correspondientes, a los fines de que se tomen las medidas más eficaces para la protección integral del Estado y la Nación, vista la persistencia de las actuaciones inconstitucionales de dicho órgano legislativo que conforman en su conjunto la pretensión de un golpe de Estado, un atentado sistemático contra la Constitución, y una amenaza sostenida contra la paz, el desarrollo y la estabilidad de la Nación.

Caracas, 31 de octubre de 2016

Reinaldo Muñoz
Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela

Prensa PGR 02/11/2016

Inicia Sistema Administrativo Plan Papel Cero

Caracas, 11 de agosto de 2016 (Prensa PGR) Este jueves se dio inicio al  Sistema Administrativo del Plan Papel Cero con el lanzamiento del portal web del referido proyecto (http://www.papelcero.mppp.gob.ve/), cuyo principal propósito es poner a  disposición de las instituciones públicas una plataforma en la que puedan realizar el manejo digital de toda su documentación y la de sus trabajadores, incentivando así la eliminación total del uso del papel que conllevará a promover el ahorro económico y el cuidado ecológico y permitirá reducir el burocratismo.

Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez, quien explicó  que el portal web contiene los aspectos más importantes del plan y  brinda información actualizada sobre la materia, además de ofrecer a las instituciones una aplicación descargable que les servirá para manejar correspondencia interna y externa, y servicios institucionales como constancias de trabajo, solicitud de permisos, vacaciones y carnetización, entre otros procesos.

En este sentido, indicó que  a partir del próximo lunes comienza un proceso de formación progresivo en las instituciones públicas para garantizar el idóneo desarrollo del plan.

“Papel Cero implica la reingeniería de una cantidad de procesos. Estamos consultando con el Procurador algunas resoluciones que pueden acompañar el plan y una de las cosas que vamos a efectuar en 2017 es reducción en el presupuesto en las partidas para papel y tóner para que tengamos el carácter disuasivo para ir migrando al papel cero ”, expresó en la Escuela Venezolana de Planificación, en Caracas.

“No podemos seguir en el absurdo de un Estado que no es el revolucionario, reproducir una lógica que no es el modelo socialista no tiene sentido”, añadió.

Por su parte, el procurador general de la República, Reinaldo Muñoz, destacó el desarrollo que este plan puede significar para continuar avanzando en el funcionamiento idóneo de la administración pública.

“En los últimos tres años ha habido una transformación extraordinaria en la administración pública en vías de consolidación. Se unificó el criterio de administración pública la reciente creación de la oficina de talento humano, las leyes de simplificación de trámites. Hoy, este Plan Papel Cero que estamos viendo nacer era lo que faltaba, este paso es extremadamente necesario porque es parte de esta transformación que se parece más a lo que nosotros, a la organización administrativa que queremos dentro de un proceso socialista”, apuntó.

Asimismo, recordó que un documento digitalizado es igualmente válido y legal que un documento físico.

“El tema de poder ver el físico del documento es algo cultural.  No existe impedimento del punto de vista legal para lo cual nosotros empecemos a generar obstáculos”, agregó.

 

Prensa PGR 11/08/2016

TSJ citó a diputados y directivos de la AN por usurpación de funciones

Caracas, 17 de junio de 2016 (Prensa PGR) El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) citó a la Directiva de la Asamblea Nacional tras admitir la Acción de Amparo Constitucional interpuesta por la Procuraduría General de la República contra las actuaciones, vías de hecho y amenazas de daño inminente emanadas del presidente, de la junta directiva y de la mayoría de diputados que circunstancialmente conforman la Asamblea Nacional (AN).

Por ello, el Máximo Tribunal del país acordó “Ordenar a la Asamblea Nacional, a su Presidente, a su Junta Directiva y a sus miembros en general, abstenerse de pretender dirigir las relaciones exteriores de la República y, en general, desplegar actuaciones que no estén abarcadas por las competencias que les corresponden conforme al ordenamiento jurídico vigente y que, por el contrario, constituyen competencias exclusivas y excluyentes de otras ramas del Poder Público; so pena de incurrir en las responsabilidades constitucionales a que haya lugar, todo ello con especial sujeción a las disposiciones previstas en los artículos 137 y 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según los cuales “La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”, y ‘Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

Dicha Acción de Amparo demandó la  intención de consumar un golpe de Estado con pretendidos y negados visos de legitimidad, asumiendo graves daños colaterales a la población, que han venido siendo contrarrestados por el Ejecutivo Nacional.

Con esta acción, interpuesta el pasado 3 de junio, se pretende que el Máximo Tribunal de la República  exhorte al Poder Legislativo Nacional para que cese en la usurpación de funciones del resto de los Poderes Públicos, cese en su intento de desestabilizar al Gobierno Nacional y en sus acciones contra la paz y la constitucionalidad de la República.

 

Prensa PGR 17/06/2016

PGR rechaza agresión a Escarrá por parte de opositores en Miami

Caracas, 26 de mayo de 2016 (Prensa PGR) La Procuraduría General de la República (PGR) rechaza las agresiones verbales, ofensas, descalificaciones impropias y otras formas de intimidación a las que fue objeto este jueves el abogado constitucionalista Hermann Escarrá y su familia por parte de un grupo violento de la derecha venezolana radicada en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

Escarrá viajó a Estados Unidos, luego de asistir a unas actividades académicas en España, para participar en el reconocimiento de su hija menor como Presidenta del Cuadro de Honor de la Facultad de Arte de la Miami International University.

Sin embargo, desde hace varios días la oposición mayamera se dedicó a convocar por los diferentes  medios de comunicación locales esta movilización  en el condominio donde habita la hija menor de Escarrá, que derivó en agresiones a la familia del abogado constitucionalista.

Estos hechos graves y lamentables constituyen una expresión de intolerancia, desconocimiento de la libertad de pensamiento y de expresión.

La PGR junto al Centro Internacional de Estudios de Gobierno (CIEG), el Instituto de Derecho Constitucional Internacional, el Escritorio Profesionales Asociados Abogados Consultores, el Despacho de Abogados Muñoz-Muñoz y Asociados y sus entidades relacionadas, tanto su personal administrativo como académico, y empleados en general, se unen al rechazo a esta conducta delictiva, que atenta la protección familiar, y evita el debate de ideas desde posiciones distintas promoviendo la violencia y el pensamiento único en sus distintas manifestaciones.

Estas entidades académicas y profesionales se dirigirán, en lo inmediato, a las autoridades administrativas de la ciudad de Miami, independientemente de las acciones jurídicas que en el marco de las leyes que pueda ejercer la familia Escarrá.

Desde la PGR lamentamos los niveles graves de extrema polarización  que un sector de la oposición quiere llevar al país, y hacemos propicia esta oportunidad para llamar a la reflexión en esta hora difícil de la Patria, que requiere, más bien, dialogo plural y respetuoso, unidad en los altos objetivos nacionales y respeto a los valores universales, propios de la libertad y los derechos humanos.

 

Prensa PGR 26/05/2016

Organización General de la Administración Pública Nacional se debatió este jueves en el Cajap

Caracas, 28 de abril de 2016 (Prensa PGR) Este jueves, durante la segunda reunión del 2016 del Consejo de Coordinación Jurídica de la Administración Pública Nacional (Cajap), los consultores jurídicos de diferentes organismos públicos debatieron sobre la aplicación y difusión del Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional (Dogan).

En la reunión participó el procurador general de la República (E), Reinaldo Muñoz y el viceprocurador general de la República, Giuson Flores. 

“También debatiremos sobre la remisión oportuna en formato digital de información relacionada con los Juicios Sustituidos; normas y trámites comunes a los procesos de disposición de materiales ferrosos reciclables (chatarra); y estatus de la incorporación de la normativa del Mercado Común del Sur (Mercosur)”, detalló el Procurador.

Además se incorporaron los temas: días no laborables y su incidencia en el disfrute de vacaciones en la administración pública y mecanismos aplicables para la elaboración de normas.

En esta reunión, que se realizó en la Procuraduría General de la República (PGR), en Caracas, estuvieron presentes consultores jurídicos de la Vicepresidencia de la República y de los Ministerios del Poder Popular para: Comunas y Movimientos Sociales; Transporte y Obras Públicas; Agricultura Urbana; Turismo; Pesca y Acuicultura; Alimentación; Industria y Comercio; Juventud y Deporte; Hábitat y Vivienda; Educación; Agricultura y Tierras, Planificación; Despacho de la Presidencia; Cultura; Proceso Social del Trabajo; Defensa; Petróleo y Minería y Ecosocialismo y Aguas.

El Cajap es una instancia cuyo fin es unificar los criterios de actuación para aumentar los niveles de coordinación e intercambio entre los responsables de la seguridad jurídica de los organismos del Estado.

 

Prensa PGR 28/04/2016